Cuatro de los trece decretos emitidos el 2 de enero por Lula explican los intereses que impulsan el terrorismo en Brasil: prohíbe la portación de armas de manera personal; reinstala el fondo para proteger el Amazonas; desactiva los contratos con las mineras que buscaban explotar la selva y deja de lado las posibles privatizaciones de resortes fundamentales de la economía brasileña, todos proyectos impuestos por el fascista de Bolsonaro, síntesis de los intereses empresariales que quieren imponer el regreso de los años noventa en toda la región. Los mismos intereses que manejan el dataísmo que llega a través de los celulares y destruyen la conciencia política a favor de las minorías dominantes.
Diputado Carlos Del Frade
