Defensa del Consumidor de la Provincia reunió a municipios del sur santafesino para abordar de forma conjunta problemáticas clave como la gestión digital de reclamos y el impacto de normativas nacionales.
La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor del Ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Gustavo Puccini, encabezó un importante encuentro de trabajo que reunió a representantes de las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor de la región sur de la provincia.
El evento, dirigido por el titular de la mencionada cartera, Christian Galindo, contó con la participación de representantes de municipios como Casilda, Cañada de Gómez, Firmat, Venado Tuerto, María Teresa, El Trébol, Las Rosas, Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Pérez y Rosario.
Durante la jornada, se abordaron temas centrales, como el uso de la plataforma virtual para el ingreso de reclamos (VUF), los procedimientos de tramitación de expedientes y el impacto del reciente Decreto Nacional 765/2024, vinculado al pago de derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) en reuniones privadas. Este último tema ha generado inquietudes entre consumidores y propietarios de salones de eventos, y fue objeto de análisis conjunto entre equipos técnicos provinciales y locales.
Además, se revisó el estado actual de los reclamos en la provincia, generando propuestas para mejorar la gestión de conflictos. En este marco, Galindo se comprometió a trasladar las problemáticas identificadas los próximos 28 y 29 de noviembre, cuando se desarrolle en Córdoba la próxima reunión del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), en el cual Santa Fe ejerce actualmente la Secretaría General.
“El compromiso del Gobierno de Santa Fe es potenciar los espacios de atención en todo el territorio provincial, para así facilitar la relación entre empresas y consumidores, y asegurar un trato justo y una resolución eficiente de conflictos”, señaló Galindo.
Este encuentro refuerza la política provincial de fortalecer el vínculo entre el Estado, las empresas y los consumidores, trabajando de manera articulada para garantizar derechos y fomentar prácticas comerciales responsables.