El Ministerio de Salud presentó este viernes un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en un acto donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar, en diciembre pasado, a la sanción de la ley que garantiza el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Se trata del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que quedó oficializado este viernes-en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
También, el nuevo protocolo estipula procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE), y de atención posaborto.
«Es una enorme conquista, producto de lucha de muchos años y de muchas personas», destacó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en el inicio de la presentación virtual, transmitida por YouTube, con la participación de más de 600 personas y un chat activo con expresiones de adhesión desde distintos puntos del país.
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, resaltó que «hoy se da un pequeño gran paso en la historia por la igualdad» y sostuvo que «el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario a los derechos en todo el territorio nacional, es lo que ocurre ahora con el aborto».
En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, puso el acento en que el protocolo que comenzó a regir hoy constituye «una herramienta para ampliar derechos».
Las funcionarias coincidieron en destacar «el enorme esfuerzo de los equipos técnicos involucrados en el diseño del reglamento que busca garantizar el pleno acceso de las mujeres y otras personas gestantes a los derechos sexuales y reproductivos».
Por su parte, la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, fue la encargada de detallar el protocolo que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumpla la ley IVE, la ILE y la atención post aborto.
Además, establece pautas con «precisiones legales y estandariza prácticas basadas en recomendaciones, construidas sobre las mejores evidencias científicas disponibles para abordar situaciones singulares, únicas», agregó
Asimismo explicó que «permite respaldar, legitimar, apoyar y acompañar el trabajo de los equipos de salud que ya realizan las prácticas en el territorio, indicar intervenciones basadas en la mejor evidencia científica actualizada, en las experiencias previas de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales y en las buenas prácticas llevadas adelante por los servicios de ILE».
Las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
En tanto, la segunda parte se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
El personal de salud «es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE», resaltó Isla.
Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuera resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
• La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.
•La norma argentina enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar con el propósito de informar, asesorar y acompañarlas en la toma de decisiones autónomas.
•Se trata del resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la creación en 2007 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la publicación de la «Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles» en sus distintas ediciones.