La pobreza infantil es una problemática compleja que exige respuestas integrales. Medirla solo por ingresos es insuficiente; es necesario considerar las privaciones múltiples que afectan el desarrollo pleno de los niños. Solo así podremos construir sociedades más justas e inclusivas, donde cada niño tenga la oportunidad de crecer con dignidad y esperanza.
El INDEC reveló hoy las cifras de pobreza del segundo semestre de 2024: 38,1% de las personas y 28,6% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza. Si bien estos datos reflejan una mejora respecto al primer semestre —con 6 millones de personas saliendo de la pobreza y 4 millones de la indigencia—, la fotografía es incompleta: se limita a medir ingresos, ignorando las múltiples privaciones que definen la pobreza infantil.
La reducción observada en los indicadores de pobreza responde, en términos estructurales, a la desaceleración de la tasa de inflación interanual en el segundo semestre, la cual permitió una recomposición parcial del salario real y de los ingresos de los hogares. Este fenómeno contrasta con el escenario del primer semestre, caracterizado por un shock inflacionario que generó una contracción abrupta del poder adquisitivo, con efectos regresivos más pronunciados en los deciles de menores ingresos.
Al desagregar los datos por grupos de edad, se evidencia una heterogeneidad significativa en la incidencia de la pobreza. Los resultados son consistentes con la tendencia histórica: la población menor de 18 años presenta una prevalencia de pobreza significativamente superior al promedio general, confirmando su condición de grupo demográfico con mayor exposición a privaciones socioeconómicas.
Análisis técnico de la pobreza infantil en el segundo semestre de 2024: persistencia estructural y homogeneidad interetaria
Los datos del segundo semestre de 2024 revelan que el 52,7% de la población menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza monetaria, cifra que no solo destaca por su magnitud —superando en aproximadamente 14,6 puntos porcentuales al promedio general (38,1%)—, sino también por su persistencia temporal. Desde 2016, la pobreza infantil ha exhibido un comportamiento estructuralmente resistente a las fluctuaciones macroeconómicas, evidenciando fallas sistémicas en los mecanismos de protección social dirigidos a este grupo.
La distribución de la pobreza entre subgrupos etarios (0-5 años, 6-11 años y 12-17 años) muestra variaciones mínimas (ver Gráfico 1), lo que sugiere que la vulnerabilidad opera con similar intensidad en todas las etapas del desarrollo infantil. Esta uniformidad refuerza la hipótesis de que los determinantes son estructurales (ej.: acceso desigual a servicios básicos, transferencias inadecuadas para hogares con niños).
La brecha constante entre la pobreza infantil y el promedio general (≈15 puntos desde 2016) indica que:
- Las políticas de ajuste monetario o reactivación tienen impacto marginal en este grupo.
- Existen barreras no monetarias (ej.: segregación territorial, oferta educativa insuficiente) que perpetúan las privaciones.
Gráfico 1: Evolución de la pobreza en menores de 18 años
Fuente: LP CONSULTING en base a INDEC
Cabe señalar que esta medición, circunscripta al ámbito monetario, no logra dar cuenta de la totalidad de las privaciones que experimenta la población infantil. La evaluación integral de las condiciones habitacionales, educativas y sanitarias en estos hogares configura un panorama aún más crítico que el reflejado por los indicadores de ingresos.
Pobreza multidimensional
Los hogares con niños en situación de pobreza presentan tres déficits estructurales interrelacionados: Un 24% carece de adultos con educación obligatoria completa, limitando su capital humano para acceder a empleos formales; el 25% de los sustentadores principales están fuera del mercado laboral (desempleados o inactivos); y del 75% restante que trabaja, el 53% lo hace en condiciones de informalidad laboral (asalariados no registrados o cuentapropistas de subsistencia). Esta triple condición genera inestabilidad en los flujos de ingresos y restringe el acceso a protecciones sociales básicas.
En el plano de la educación, los niveles de calidad educativa son alarmantemente bajos. Según los resultados de las pruebas PISA 2022 —que son exámenes internacionales que evalúan competencias en matemáticas, lectura y ciencias en estudiantes de 15 años—, el 88,3% de los alumnos de menores ingresos no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en matemática, el 72,5% no lo logró en lectura, y el 71% en ciencias.
En términos de infraestructura básica, la mitad de los hogares con niños pobres no accede a gas por red, y el 14% carece de conexión a agua corriente.
Por último, más del 42% de estos hogares declara depender de ayudas sociales como parte de sus ingresos mensuales, lo cual revela un nivel alto de vulnerabilidad y dependencia del Estado para subsistir.
La confluencia de factores como la insuficiencia de ingresos, las carencias en el acceso a servicios esenciales, la inestabilidad laboral y los bajos niveles de escolarización conforman una matriz de vulnerabilidad estructural que compromete el desarrollo integral de la población infantil. Los datos censales revelan que el 50% de los menores argentinos se desarrollan en entornos de pobreza, situación que no solo refleja una emergencia social inmediata, sino que proyecta severas consecuencias sobre el capital humano futuro. La evidencia empírica demuestra que, sin intervenciones tempranas que garanticen condiciones básicas de bienestar durante la infancia, se perpetúan mecanismos de reproducción intergeneracional de la desigualdad, obstaculizando cualquier prospecto de movilidad social ascendente.
¿Cómo romper el círculo de la pobreza?
Los datos recientes evidencian una reducción en los niveles de pobreza coyuntural, fenómeno que encuentra su principal variable explicativa en la relación inversa entre tasa de inflación y capacidad adquisitiva de los salarios. El control de los procesos inflacionarios ha permitido cierta recomposición del valor real de las remuneraciones, particularmente en los segmentos formales del mercado laboral.
No obstante, este efecto positivo sobre la pobreza transitoria no incide significativamente en los núcleos duros de pobreza estructural, cuya naturaleza responde a factores multicausales interdependientes:
- Mercado laboral segmentado con alta precarización
- Déficits acumulados en capital humano
- Insuficiente acceso a servicios básicos
- Segregación territorial acumulativa
La evidencia empírica demuestra que la mera expansión del gasto público en programas asistenciales -estrategia predominante en ciclos políticos recientes- presenta limitaciones estructurales para superar los núcleos duros de vulnerabilidad social. Esta aproximación, aunque necesaria para mitigar situaciones de emergencia, resulta insuficiente cuando no se articula con transformaciones institucionales profundas que modifiquen los determinantes estructurales de la pobreza.
Los datos confirman que la población infantil es la más afectada por condiciones de pobreza, lo que exige una respuesta urgente y prioritaria. Esta situación está directamente vinculada a la precariedad laboral de los jefes y jefas de hogar, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder a empleos de calidad. La combinación de bajos niveles educativos y la exclusión del mercado formal reducen drásticamente sus oportunidades de progreso, perpetuando así condiciones de vulnerabilidad que se transmiten intergeneracionalmente.
En este contexto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) representa un avance significativo al vincular transferencias monetarias con requisitos de escolarización y salud, logrando mejoras tangibles en indicadores clave. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado: al no abordar las causas profundas de la pobreza—como la falta de empleo formal, la baja productividad laboral o las carencias educativas de los adultos—, su impacto se reduce a un alivio temporal sin capacidad transformadora.
Para romper este ciclo, se requieren políticas integrales que, además de proteger el ingreso inmediato, promuevan la inserción laboral formal de los adultos, mejoren la calidad educativa y amplíen el acceso a servicios básicos. Solo una estrategia multisectorial y de largo plazo podrá generar oportunidades reales de movilidad social para las nuevas generaciones.
La creación de empleo formal y de calidad constituye uno de los mecanismos más efectivos para reducir la pobreza de manera sostenible. Esto requiere un marco institucional que fomente la inversión privada, impulse la competitividad y promueva un crecimiento económico inclusivo. Para ello, resulta indispensable avanzar en reformas estructurales que flexibilicen el mercado laboral, racionalicen la carga tributaria y actualicen la legislación vigente, adaptándola a los nuevos desafíos tecnológicos y a las necesidades específicas de las pymes, principal motor de generación de empleo en el país.
Paralelamente, es urgente una transformación profunda del sistema educativo, con especial énfasis en la educación secundaria. Elevar los estándares de calidad y fortalecer la formación técnica y vocacional son pasos fundamentales para equipar a los jóvenes—especialmente aquellos en contextos vulnerables—con las habilidades demandadas por el sector productivo. Solo así podrán acceder a empleos de mayor productividad y salarios dignos, o continuar su formación en niveles superiores, rompiendo el círculo de exclusión que perpetúa la pobreza intergeneracional.
