Tras la fiebre extrema de inseguridad que azota a Rosario, con más de 40 homicidios en lo que va del año y 287 registrados en 2022, los familiares víctimas de la inseguridad participaron de un encuentro junto al gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y el flamante ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni. Allí, se delinearon líneas de acción conjunta y se armó una mesa de trabajo que generó expectativa en los asistentes al cónclave.
“Necesitamos que legislen y se dejen de tirar los muertos unos a otros”, había reclamado Ezequiel Lowden, referente de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia de Rosario al salir de la reunión.
La convocatoria fue el epílogo de horas calientes en la problemática que derivaron en el pedido de respuestas inmediatas por parte de la ciudadanía en las puertas de Gobernación.
En rigor, desde el lunes pasado, los manifestantes mantenían un acampe frente al ingreso a la sede local del Ejecutivo provincial, razón por la que también estuvo interrumpido el tránsito por calle Santa Fe, frente a la plaza San Martín.
En el encuentro de ayer, los familiares propusieron bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y una reforma integral de las fuerzas de seguridad para evitar que sus integrantes ingresen al mundo del delito. También hubo críticas al Servicio Penitenciario Provincial.
Al salir de la convocatoria con autoridades provinciales y municipales, Lowden adelantó que “de acá a los próximos 10 días van a convocar a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras (diputados y senadores provinciales) junto a nosotros para tratar los distintos proyectos de ley que ingresaron los bloques”.
En ese sentido, reclamó: “Esperamos que empiecen a legislar para llegar a un acuerdo entre distintos sectores y así tomar medidas, en lugar de tirarse los muertos unos a otros”, para luego considerar: “Estamos a la expectativa de que con el cambio del ministro de Seguridad se logren medidas concretas y más efectivas”.
A su vez, el referente de la asociación comentó que también se discutió la baja de edad de imputabilidad de 18 a 16 años, cuestión considerada como necesaria por la “gran cantidad de armas que hay en la ciudad en manos de menores”.
“Propusimos como mínimo los 16 años y el gobernador también acompañó porque si la clase política considera que están en condiciones de votar, también puede enfrentar a quienes asesinen”, remarcó. Además, se solicitó una reforma policial para mejorar las condiciones del servicio que brinda esa fuerza a la comunidad. “La policía tiene que ser considerada como corresponde; lamentablemente la vemos muy denigrada por la explotación y la baja remuneración, que es lo que lo lleva a cometer delitos”, comentó.
