La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló que el gobierno de Mauricio Macri adquirió aviones a Francia en 2017 por la suma de 12.550.000 euros que no estaban en condiciones de volar. Los aviones actualmente se encuentran en la base bahiense Comandante Espora.
El organismo emitió un documento en donde consigna que el gobierno de Cambiemos compró cinco aeronaves Súper Étendard Modernisé (SEM) con “un potencial bastante débil”, mediante un convenio suscripto por el entonces Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad y su par de las Fuerzas Armadas de la República Francesa. En el mismo convenio se compraron cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito Offshore Patrol Vessel (OPV).
Extraoficialmente, en esos momentos se había dicho que las actualizaciones “que habían recibido los cinco aparatos franceses les permitirán a los pilotos argentinos aprovechar modernos sistemas de navegación y ataque que mejoran la posibilidad de efectuar misiones nocturnas”.
Sin embargo, esos aviones llegaron a Bahía Blanca en mayo de 2019 y sobre fin de ese año ya se había determinado que no podían utilizarse por falta de repuestos.
“No se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, según la Sigen. Un informe publicado por el medio bahiense “La Nueva” en ese momento consignó que el gobierno macrista debía invertir otros 2 millones de dólares para ponerlos en condiciones operativas.
Las evaluaciones técnicas precisaban que, previamente a la compra, era necesaria la obtención de elementos críticos para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.
En esa dirección, se sugería analizar que varios de esos repuestos esenciales tenían origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que, desde 1982, el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país. Precisamente por la falta de estos instrumentos los aviones no pudieron ser puestos en funcionamiento desde su adquisición en el año 2017.
Cabe añadir que el informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación fue remitido a la Oficina Anticorrupción para el eventual inicio de acciones judiciales.
