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La Sociedad Rural de Rosario hace un urgente llamado al gobierno nacional

la Sociedad Rural de Rosario reclama por la implementación de retenciones, aludiendo que esta fuera de  la Ley. Consultados sobre derechos de exportación y retenciones desde su área de prensa nos informan.

Los tiempos que vivimos nos demandan reclamar lo que parece obvio, el cumplimiento de la Ley. En un estado donde el gobierno incumple, la ley madre, la Constitución Nacional y no respeta el Sistema Republicano.

Hace veinte años fuimos requeridos a un aporte extraordinario, las Retenciones, para auxiliar al estado y la sociedad ante una crisis como la del 2001. Desde ese momento a la fecha, hemos aportado no menos de 190.000.000.000 millones de dólares; mal utilizados en generar un estado cada día mayor, empobreciendo a la población, quitando su dignidad.

El cobro legítimo de las retenciones, finalizó el 31/12/2021. Sin embargo, el gobierno, decidió mediante el Decreto 851/2021 del 14/12/2021, y sin tener facultad legal alguna para tal accionar, continuar recaudando por ese concepto. Es decir, ha sido una medida de clara desobediencia de la Ley.

Este hecho dio lugar a la acción judicial de los productores ante la justicia federal para poner fin a tal ilicitud. Esta fue atendida por el Juez federal de Junín, Dr. Plou, y de conformidad a las leyes vigentes el 16/08/2022, dictaminó que las retenciones a) resultan impuestos establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional sin intervención del Poder Legislativo Nacional, lo que es inconstitucional porque no puede exigirse carga tributaria sin la preexistencia de una ley –formal y material- emanada del Congreso. b) Asimismo, que cualquier hipotética ratificación del Decreto 851/2021 por parte del Congreso Nacional sólo puede tener efecto para el futuro. c) Dictó sentencia declarando ilícito al Dto. 851/2021.

La Sociedad Rural de Rosario hace un urgente llamado al gobierno nacional para que respete este fallo judicial y arbitre los mecanismos de ajuste a la ilegalidad actual. De igual modo, insta a la población, miembros del poder ejecutivo y legislativo nacional y provincial a que tomen conciencia de la necesidad del respeto de las leyes y la Constitución Nacional para beneficio de la sociedad argentina en su conjunto.