Luego del anuncio presidencial sobre restricciones en el marco de la segunda ola de covid-19, organizaciones de inquilinos del país piden medidas urgentes para la situación que atraviesan miles de familias.
El referente del Consejo Asesor de la Vivienda, Ariel D’Orazio dijo en declaraciones que «El 31 de marzo el gobierno nacional decidió levantar el congelamiento de los alquileres y también ha suspendido la posibilidad de extender los contratos que vencían en el marco de la emergencia sanitaria» y aseguró que «3 de cada 10 inquilinos tiene inconvenientes para poder hacer frente al pago del alquiler, muchos vienen arrastrando deudas. Hay infinidad de situaciones que son complicadas porque algunas están en estado de desalojo».
A través de un comunicado firmado por diversas organizaciones de todo el país, aclararon que “Entendemos y acompañamos las medidas sanitarias” pero señalaron “necesitamos herramientas económicas y legales para poder sostener el impacto económico que genera no tener ingresos, producto de la restricción para actividades laborales que fueron afectadas por las medidas sanitarias y la complejidad que ocasiona la prohibición de circulación tanto para buscar una nueva vivienda o dejar la actual”.
Remarcaron que «es fundamental dar una solución a los juicios por desalojos contra inquilinos y garantes que se iniciaron durante la vigencia del decreto y que se aceleraron después de finalizado».
“Muchas personas y familias perdieron total o parcialmente sus ingresos, por lo que no pueden pactar renovaciones de contratos con aumentos que van desde el 40% al 120%, ni tampoco pueden mudarse por los gastos que implica, sumado a la situación de confinamiento dispuesta para los próximos 9 días. Eso los deja en un estado de indefensión, expuestos a juicios que no pueden costear» asimismo apuntaron «la solución prometida por el Ministerio de Hábitat de aplicar el llamado Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojo no da respuesta a esta urgencia ya que no se está instrumentando en el corto plazo ”.
Remarcaron “Es imperioso que el Ministro de Justicia Martín Soria, también intervenga y controle el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de alquileres y el Protocolo que seguimos esperando que se aplique.»
En este sentido, piden al Gobierno Nacional:
– Freno a los desalojos, e intervención de los Ministerio de Justicia y Desarrollo Territorial y Hábitat De La Nación en el cumplimiento de lo que señala la ley de alquileres y el Decreto 66 en su artículo 12.
– Prórroga automática de contratos hasta el 1ro de julio.
– Reglamentación del programa de alquiler social.
– Créditos con tasa 0% para el pago de deudas.
