Mientras la trata de personas está en alza a nivel mundial, con redes criminales que expanden su alcance a internet y explotan cada vez más a mujeres, niños y colectivos vulnerables, en Argentina se observa un preocupante desmantelamiento de políticas públicas antes consensuadas para combatir este delito: se degradaron organismos especializados, se redujeron programas de asistencia a víctimas y cayeron drásticamente las denuncias y rescates. El contraste entre el crecimiento de la “esclavitud moderna” y el retroceso institucional nacional plantea un escenario alarmante que exige una respuesta urgente e integral.
La Fundación Alameda generó un informe para documentar el efecto del desmantelamiento de las políticas públicas contra la trata de personas en Argentina entre 2024 y 2025 . Denuncia la pérdida del enfoque integral e interministerial, la caída de rescates, el vaciamiento de programas de asistencia, y el avance impune de nuevas formas de trata (digital, sectaria, reproductiva). Frente a un delito global en expansión, es urgente la reconstrucción institucional para proteger a las víctimas y frenar la impunidad.
Las modalidades de explotación siguen encabezadas por el trabajo forzoso (42% de las víctimas) y la explotación sexual (36%), de acuerdo con estimaciones de 2024 . Otras formas emergentes, como la explotación criminal (reclutamiento de personas para cometer ilícitos, incluidos fraudes cibernéticos), el tráfico de órganos o la mendicidad forzada, representan por ahora una porción menor (alrededor de 5-8% de los casos) pero conllevan niveles elevados de violencia física y psicológica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 28 millones de personas en el mundo están sometidas a trabajo forzoso , superando incluso lacifra global de víctimas de explotación sexual; sin embargo, muchas situaciones de servidumbre laboral permanecen ocultas por su “naturalización” y la connivencia o negligencia de actores estatales y empresariales. Los sectores con mayor incidencia de trabajo forzado incluyen la agricultura, la minería artesanal, la pesca industrial, la construcción, el servicio doméstico e incluso economías de plataformas donde se ocultan relaciones laborales bajo falsas promesas de voluntariado o independencia freelance.
La era digital ha abierto un nuevo frente: la “trata 2.0”. Las redes de trata han sabido migrar al entorno virtual, adaptando sus métodos de captación al uso masivo de redes sociales, aplicaciones de citas, servicios de mensajería y streaming. A través de perfiles falsos y engaños en línea, logran reclutar víctimas a distancia para distintos fines de explotación. Al mismo tiempo, el empleo de criptomonedas y la Internet profunda facilita los pagos ilícitos y el ocultamiento de las transacciones, dificultando el rastreo por parte de las autoridades. Organismos internacionales ya alertan sobre un incremento alarmante de la “trata digital”
Es muy importante que el Estado Argentino tome el compromiso de estar presente en las investigaciones y el seguimientos de las victimas, sin su involucramiento se hace imposible mitigar la problematica.
Argentina durante casi 15 años (desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 y sus modificatorias), existió en el país un consenso sostenido –más allá de los cambios de gobierno– sobre la necesidad de combatir la trata y explotación de personas con políticas serias, sostenidas e integrales, considerando la asistencia a las víctimas como prioritaria y ajena a disputas partidarias coyunturales amplia la Fundación Alameda
