Tras el homicidio, desde el Programa de Reducción de Violencias se brindó asistencia a necesidades materiales y cotidianas, espacios de atención psicológica y acceso a recursos públicos.
La primera intervención se produjo en medio de una situación de enorme urgencia: un niño asesinado, otros chicos heridos, una familia conmocionada y un barrio atravesado por momentos de mucha tensión. En esas primeras horas fue necesario acercarse, escuchar y comenzar a ordenar las necesidades que aparecían.
Pero el trabajo de acompañamiento al grupo familiar continuó durante los años siguientes, construyendo respuestas frente a lo que fue surgiendo en cada etapa. Por eso la intervención fue tomando formas distintas: asistencia frente a necesidades materiales y cotidianas, espacios de atención psicológica, orientación social, acceso a recursos públicos y una referencia institucional sostenida en el tiempo.
Otra dimensión central fue el acceso a la Justicia. El equipo municipal acompañó las diferentes instancias de la causa, sostuvo la articulación con el Ministerio Público de la Acusación y, durante el juicio, un abogado de la dirección estuvo junto a los familiares en el Centro de Justicia Penal y ofició como nexo con el equipo fiscal.
“Acompañar a una familia después de un homicidio implica entender que las consecuencias no aparecen todas juntas ni se resuelven de una sola vez. Al principio casi todo es urgencia. Después surgen otras necesidades, algunas muy concretas y otras más difíciles de poner en palabras», explicó la titular de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas, Milagros Fregenal.
En este sentido, la funcionaria afimó: «Nuestro trabajo es estar cerca, escuchar lo que va apareciendo y construir respuestas respetando los tiempos y la situación de cada integrante de la familia”.
La dirección cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y el derecho. Su tarea forma parte de una estrategia más amplia del Programa Municipal de Reducción de Violencias, que articula capacidades de distintas secretarías municipales y construye intervenciones junto con organismos provinciales, efectores de salud, el Ministerio Público de la Acusación y las instituciones presentes en los territorios.
En sentido, el coordinador del Programa Municipal de Reducción de Violencia, Gonzalo Bonifazi, señaló que «el juicio y las condenas son una instancia fundamental, pero no son la única dimensión que atraviesa una familia después de una pérdida de estas características. La Justicia dio una respuesta muy importante».
Luego, el funcionario explicó: «Ahora continúan otros procesos, porque las personas tienen que seguir viviendo y enfrentando las consecuencias cotidianas del hecho. Por eso el acompañamiento no termina con una sentencia”.
Abrir el barrio, recuperar lo común
El acompañamiento a la familia de Máximo es una dimensión de una política pública que también busca transformar el territorio donde ocurrió el hecho.
En Los Pumitas y Empalme Graneros, la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe avanzan con una urbanización integral incluida en la segunda etapa del Plan de pacificación. La intervención alcanza 169 cuadras distribuidas en seis frentes de obra, de las cuales 145 tendrán pavimento definitivo y 24 pavimento provisorio.
Los trabajos incluyen, además, apertura de calles, eliminación de zanjas, nuevos desagües pluviales y obras de infraestructura urbana. En Los Pumitas se interviene sobre dos sectores específicos y se proyecta la consolidación de tres espacios públicos: los predios de Schweitzer y Barra y Schweitzer y Olavarría, junto con la renovación del Parque Ottone.
Abrir y conectar calles no supone solamente mejorar la circulación. También facilita el ingreso de ambulancias, autobombas, servicios municipales y distintas agencias estatales. Es hacer más accesible el barrio y comenzar a desarmar fronteras internas que durante años profundizaron su aislamiento.
“En Los Pumitas había una deuda histórica muy concreta. Había calles difíciles de transitar, sectores cerrados, zanjas y problemas de acceso que también hacían más difícil la llegada de los servicios. Abrir el barrio es conectarlo con el resto de la ciudad y hacer que el Estado pueda llegar de otra manera, todos los días y no solamente después de una emergencia”, dijo al respecto el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.
Tras eso, remarcó que se trata de dimensiones distintas de una misma política. “Ninguna obra puede reparar la muerte de Máximo y sería injusto presentarla de esa manera. Pero el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a su familia y, al mismo tiempo, transformar un territorio que durante muchos años acumuló postergaciones. El Plan de Pacificación busca que el Estado llegue, abra, conecte y permanezca”, destacó Herrera.
El juicio, la condena y el cierre de una etapa
El juicio por el caso de Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado el 5 de marzo de 2023 en barrio Los Pumitas, concluyó el pasado 7 de agosto en el Centro de Justicia Penal de Rosario con cinco condenas. El Tribunal impuso prisión perpetua a Maximiliano Castillo, Nicolás Castillo, Ezequiel Godoy y Nicolás Torres, considerados responsables del homicidio de Máximo, y de las tentativas de homicidio contra los otros tres niños que resultaron heridos durante la balacera. Gustavo Marcelo Borda, en tanto, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por encubrimiento.
La sentencia dio una respuesta largamente esperada por una familia que durante más de tres años sostuvo su pedido de justicia. No devuelve a Máximo ni termina con las consecuencias que aquella madrugada dejó en quienes lo rodeaban, pero establece responsabilidades y cierra una etapa fundamental del proceso judicial.
Durante el proceso también se escucharon las voces de quienes siguen atravesando las consecuencias de aquella madrugada: Andrea Acosta, mamá de Máximo; Alexis, uno de los niños heridos; un amigo y su hermano Damián pudieron, mediante cartas, contar cómo el hecho continúa presente en sus vidas.
