El debate en comisión avaló dos proyectos claves para la gestión de Javier Milei. Las modificaciones principales llegaron en el articulado del capítulo laboral, que sufrió más recortes respecto al texto cuestionado en el DNU. Los proyectos se votarán en Diputados el próximo lunes
El Gobierno avanzó ayer con el dictamen del paquete fiscal que se debatirá en Diputados de forma simultánea con la denominada “ley ómnibus” a partir de este lunes a las 11 en una sesión maratónica que podría extenderse hasta el martes por la noche. Sobre 49 diputados presentes obtuvo 27 firmas con 7 disidencias.
Entre los puntos más salientes se destaca la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (de ahora en más, impuesto a los Ingresos Personales), que tras varias rondas de negociación con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista, tendrá un mínimo no imponible de $1,8 millón brutos para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van de cinco a 35 por ciento.
Otro punto destacado es la moratoria que permitirá regularizar deudas impositivas en 84 cuotas. Dependiendo de la forma en la que se hace el pago, los contribuyentes morosos podrán beneficiarse de la condonación total de las multas y de hasta 70% de los intereses por los saldos adeudado
En tanto, el Régimen de Regularización de Activos habilitará el blanqueo de hasta US$100.000 sin ninguna penalidad, con un plazo hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable hasta el 31 de julio del 2025). Incluso por encima de esa cifra, la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones. No obstante, las personas no residentes no podrán blanquear dinero en efectivo.
También habrá modificaciones sobre el Impuesto a los Bienes Personales: un premio a cumplidores, una facilidad de pagos para anticipar los pagos de los próximos años y una baja de alícuotas en lo sucesivo. El nuevo piso del tributo será de $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará a $350 millones.
Mientras tanto, la reforma laboral que impulsa el Gobierno, en acuerdo con un sector de la oposición, sufrió ayer un nuevo recorte en sintonía con los reclamos de la CGT: en el dictamen de la Ley Bases aprobado por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, fue eliminado el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo que establecía penas de seis meses a tres años de prisión a quienes bloqueen empresas.
