ATE Rosario salió a las calles para exigir el cumplimiento de las paritarias

La plaza se llenó de bronca e indignación. Es que la campaña de Maximiliano Pullaro se hizo bajo el slogan de proteger a la docencia, la escuela y cumplir los acuerdos salariales. Pero su gestión va por el carril opuesto. Tras fingir llamar a una negociación temprana en enero para garantizar el inicio del ciclo lectivo, pasó a hacer ostentación de votos para justificar el incumplimiento de la paritaria 2023. Y la paritaria 2024 nunca empezó.

El asunto no es solo moral. En un momento de inflación desatada y aplastamiento salarial –“la licuadora” le llama el presidente Javier Milei-, no abonar el desfasaje del 36% respecto al sueldo de diciembre y regatear para que quienes están apenas subsistiendo económicamente sigan perdiendo, es condenarlos al hambre y la carencia. Hablamos de estatales, docentes, profesionales de la salud, calificados de esenciales, a quienes se les pide asistencia perfecta, rendimiento óptimo, heroísmo laboral y sanidad mental, con salarios miserables, condiciones laborales deplorables y dinámicas de trabajo para llegar a fin de mes que ‘romperían’ a cualquiera.

 “Seguimos estando bajo la línea de pobreza y muchos compañeros y compañeras bajo la de indigencia. Es una vergüenza que en esta provincia rica no haya para comer, para pagar salarios a los trabajadores y trabajadoras estatales, a los jubilados y jubiladas, para aumentar partidas para comedores y copas de leche. Sabemos que sí hay plata si se generan los recursos necesarios y se le cobra a quienes tenemos cobrarle impuestos: a los que la juntan en pala y se llevan el 80% de las exportaciones por los puertos de la zona”, dijo la secretaria general de ATE y CTA Rosario, Lorena Almirón.

“Cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Con este salario comemos una vez al día”, alertó la dirigenta que denunció la vuelta de las sumas en negro a los salarios. Por eso exigió sueldos que igualen a la canasta familiar, hoy en $930 mil pesos, el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras y la actualización de las asignaciones familiares, entre otros puntos. Vale recordar que Santa Fe paga sólo $5000 por hijo/a/a; $510 de ayuda escolar; y $9 (no hay error de tipeo) por escolaridad primaria.

El dirigente de Amsafe Rosario, Juan Casiello, abrazó a la comunidad educativa de la escuela Nº 569, donde asistía Ezequiel, el joven electrocutado y fallecido mientras intentaba robar unos cables. Destacó que ella fue la que salió “a enfrentar la campaña feroz y deshumanizante tras la muerte de un chico”. Y sentenció: “estamos construyendo una sociedad cada vez más feroz, más desigual, más excluyente, con ricos cada vez más ricos y pobres a los que les falta de todo”.

Sobre el gobierno provincial, aseguró que “nos mintió” y, en referencia al nacional, fustigó: “vinieron con la licuadora, la motosierra, un DNU y la Ley Ómnibus que le frenamos en las calles”. Avizorando un panorama muy complejo y destacando el casi cantado no inicio del ciclo lectivo, apuntó a que en el congreso de CTERA del 22 de febrero se defina un paro nacional.

A su turno, el secretario general de SiPrUS y administrativo de la CTA local, Jerónimo Ainsuaín, dijo: “quieren destruir la salud y la educación pública. No estamos dispuestos  a ser esa variable de ajuste. Exigimos el pase a planta, el pago del 22% que nos adeudan de la paritaria 2023, la equiparación de los monotributistas”.

Y desafió: “le preguntamos a los genios de la economía a dónde se van a ir a atender los que se queden sin obra social, sin trabajo, sin prepagas. En los centros de salud se caen los techos en la cabeza y no hay un ventilador para atender con 50 grados a la sombra. Un millón de votos no son un cheque en blanco. Hay que hacer que cambie el rumbo económico de la provincia y del país. Va a ser un año duro y hay que buscar compañero y compañera y decirles que no estamos dispuestos a pagar ninguna fiesta como dicen, en la cual no estuvimos”.

Desde COAD su dirigenta, Beatriz Introncaso, también le reclamó al gobierno nacional que cumpla con la ley, en el sentido de garantizar el salario digno que es lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Y subrayó: “el arancelamiento para extranjeros de nuestras universidades también es anticonstitucional y es un acto de exclusión. Hay que repensar cómo debe funcionar el Estado para incluir, no excluir creyendo que eso lo hará funcionar mejor. La educación es un derecho, también en el nivel superior”.

Previo al acto realizado en pleno mediodía en plaza San Martín, ATE y Amsafe se dirigieron a IAPOS para plantear también las enormes dificultades y tarifazos que atraviesan los afiliados y afiliadas. Presentaron, además, un relevamiento conjunto con datos preocupantes. Lograron una reunión para la semana que viene con las autoridades de la obra social.

Por la salud, por los salarios, por las condiciones laborales, Almirón fue terminante antes de cerrar la jornada: “que los paritarios sean contundentes a la hora de sentarse en la mesa, porque donde no está el Estado crece la violencia y los sufrimos todos los días porque estamos en la primera línea, somos esenciales”. La lucha sigue, con una nueva jornada nacional de ATE y el Frente de Trabajadorxs del Estado para fines de febrero. Se va amalgamando la unidad para el plan de lucha que pueda frenar este brutal ajuste.