Representantes sindicales, jueces y abogados laboralistas expusieron ante la CIDH sobre los efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde el sector sindical advirtieron que la nueva normativa implica un retroceso en materia de derechos sociales.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei quedó bajo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia realizada en Washington en la que participaron representantes de organizaciones sindicales, jueces del trabajo y abogados especializados en derecho laboral.
Durante el encuentro, se cuestionó el alcance de la denominada Ley de Modernización Laboral y se planteó que las modificaciones aprobadas por el Congreso implican una regresión en derechos laborales que ya se encontraban garantizados.
Matías Cremonte, abogado laboralista y uno de los participantes de la audiencia, sostuvo que el retroceso en materia de derechos quedó expuesto a partir de las respuestas brindadas por los representantes del Gobierno nacional ante las consultas de los integrantes de la CIDH.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los fundamentos utilizados por el Ejecutivo para sostener que la reducción de derechos laborales contribuirá a disminuir los niveles de empleo informal y mejorar las condiciones de trabajo.
Según Cremonte, ante las preguntas de los comisionados acerca de la existencia de estudios que respaldaran esas afirmaciones, los representantes oficiales no pudieron presentar investigaciones que demostraran una relación entre la reforma y una eventual reducción de la informalidad laboral.
El abogado consideró que la normativa sancionada en marzo constituye una regresión ilegal de los derechos sociales y advirtió que esto podría entrar en contradicción con el principio de progresividad establecido en el sistema interamericano de derechos humanos.
La audiencia también permitió poner en discusión los objetivos de fondo de la reforma. En ese sentido, Cremonte afirmó que, a partir de las intervenciones de los representantes oficiales, quedó expuesta la intención de modificar sustancialmente el carácter protectorio del derecho laboral argentino.
La preocupación de la CIDH, según el representante sindical, estuvo centrada particularmente en la razonabilidad de los cambios introducidos y en la falta de evidencia que permita sostener que la flexibilización de las condiciones laborales tendrá efectos positivos sobre el empleo y la calidad de vida de los trabajadores.
“Está demostrado que el resultado de su política será el contrario: habrá más empleo precario con menores salarios reales y mayor sometimiento”, sostuvo Cremonte al cuestionar los efectos que, a su entender, tendrá la reforma.
El planteo realizado ante la CIDH abre así una nueva instancia internacional de discusión sobre los alcances de la reforma laboral argentina y sus posibles implicancias sobre los derechos sociales y laborales reconocidos por los instrumentos interamericanos.
