El gremio cuestionó el impacto de las nuevas medidas sobre los derechos laborales y sindicales y también denunció una presunta persecución contra dirigentes gremiales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus cuestionamientos contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La presentación se realizó en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH y tuvo como ejes principales las consecuencias que, según las organizaciones denunciantes, tendría la nueva legislación sobre los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el derecho a huelga.
Además, el planteo incluyó una denuncia por presuntas situaciones de persecución contra dirigentes gremiales. Desde el sector sindical sostienen que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo representan un retroceso en materia de derechos laborales y cuestionan el rol que el Estado asumió frente a la relación entre trabajadores y empleadores.
El FreSU, espacio que reúne a numerosas organizaciones sindicales, realizó la presentación acompañado por entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Durante la audiencia, representantes sindicales expusieron sus argumentos ante el organismo internacional y señalaron aspectos de la reforma vinculados con la extensión de las jornadas laborales, el derecho a huelga y el funcionamiento de las organizaciones gremiales. Por su parte, representantes de la CIDH formularon preguntas al Estado argentino sobre la implementación de las medidas cuestionadas.
Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el espíritu de la reforma apunta a favorecer a los sectores empresarios mediante una mayor flexibilización de las condiciones laborales. La organización sindical considera que el debate excede el ámbito nacional y requiere la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
De esta manera, el conflicto en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó una nueva instancia internacional, con las organizaciones sindicales buscando que la CIDH analice sus cuestionamientos y evalúe el impacto de las modificaciones sobre los derechos laborales y sindicales en Argentina.
