Ariel D’Orazio advirtió sobre un escenario inédito en el mercado inmobiliario, con altos niveles de morosidad, contratos más flexibles pero desregulados y una fuerte caída del poder adquisitivo.
La situación de los alquileres atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Así lo aseguró Ariel D’Orazio, referente en la defensa de inquilinos, quien señaló que el contexto actual combina endeudamiento creciente, falta de regulación y una marcada pérdida del poder adquisitivo.
“Para entender lo que vemos hoy, te diría que nunca vimos algo igual”, afirmó, al comparar la coyuntura actual con crisis anteriores, incluso la del 2001. A diferencia de aquel período, explicó, hoy existe un mayor porcentaje de inquilinos y un acceso casi nulo al crédito para la vivienda propia, lo que agrava el panorama.
Uno de los datos más preocupantes es el nivel de morosidad. Según detalló, actualmente entre el 8 y el 9% de los inquilinos presenta dificultades para pagar el alquiler, cifras similares a las registradas en los momentos más críticos de la pandemia. “Son 9 de cada 100 inquilinos con problemas económicos o endeudados”, advirtió.
Sin embargo, el problema va más allá del alquiler. Muchos hogares acumulan deudas en expensas, servicios e impuestos, generando una “bola de nieve” que se hace visible al momento de finalizar los contratos. A esto se suma un cambio en las estrategias habitacionales: más personas vuelven a vivir con sus familias, comparten viviendas o recurren a alquileres informales.
En este contexto, la desregulación del mercado tras el DNU 70/2023 modificó profundamente las condiciones contractuales. Hoy predominan acuerdos entre partes, con actualizaciones trimestrales o incluso mensuales, y en muchos casos sin índices claros de referencia. “Cuando no hay formalidad, todo el tiempo te pueden cambiar las condiciones”, explicó.
Además, D’Orazio alertó sobre la proliferación de contratos “leoninos”, donde se imponen condiciones desfavorables para los inquilinos, como cláusulas de desalojo anticipado o aumentos sin parámetros definidos. “Hay situaciones de indefensión absoluta”, sostuvo.
El impacto económico también se refleja en el traslado de costos al inquilino, como impuestos y expensas que anteriormente correspondían al propietario. Esto, sumado a la aceleración de los aumentos, encarece significativamente el costo total de alquilar.
En paralelo, la falta de políticas públicas agrava la situación de los sectores más vulnerables. La eliminación de programas de alquiler social y la ausencia de asistencia estatal dejan sin contención a jubilados, familias de bajos ingresos o personas en situaciones críticas. “Cuando no hay Estado, se impone la ley de la selva”, resumió.
El panorama también golpea al sector comercial. En ciudades como Rosario, se multiplican los locales vacíos y la rotación de emprendimientos, incluso en zonas céntricas. “Vemos negocios que cambian tres o cuatro veces en un año o directamente cierran, incluso con décadas de trayectoria”, señaló.
Frente a este escenario, las organizaciones de inquilinos trabajan en la mediación de conflictos para evitar la judicialización, promoviendo acuerdos entre propietarios, inquilinos y garantes. No obstante, advierten que sin un marco regulatorio claro y sin intervención estatal, la crisis habitacional seguirá profundizándose.
