A solicitud de la Fiscalía de Delitos Económicos, la policía realizó un allanamiento en una destacada escribanía en el centro de Rosario. Este operativo tuvo lugar en el marco de la investigación contra el financista Daniel Andrés Casanovas, quien enfrenta cargos por estafa y administración fraudulenta en Rosario y Salta. Durante el allanamiento, no se efectuaron detenciones, pero se secuestró documentación relevante para la investigación.
Casanovas, un financista rosarino, ha estado bajo la mira de la justicia desde la caída de su grupo empresarial en 2019, enfrentando múltiples acusaciones por estafa y mala gestión financiera. El último informe sobre su paradero indicaba que se encontraba detenido en Salta, donde incluso fue expulsado violentamente de un restaurante por un supuesto acreedor perjudicado.
El allanamiento en la escribanía se llevó a cabo a pedido del fiscal Miguel Moreno, y las autoridades se incautaron de documentos y registros que se someterán a análisis en el contexto de la causa legal. La crisis financiera de Casanovas se desencadenó con el incumplimiento de pagos en su grupo empresarial, afectando a acreedores y clientes. Ante esta situación, los mercados suspendieron sus operaciones y las negociaciones con sus clientes terminaron en procedimientos judiciales.
La investigación se centra en un fideicomiso establecido por Casanovas para pagar a algunos acreedores, utilizando 800 hectáreas de tierra como garantía. Sin embargo, con el desarrollo de las investigaciones por estafa, se le impidió realizar cambios en la titularidad de sus activos, lo que lo llevó a buscar crear otro fideicomiso con diferentes acreedores utilizando nuevamente las mismas 800 hectáreas como garantía. La negativa de Casanovas a proporcionar información sobre esta operación llevó a la orden de allanamiento en la escribanía.
Actualmente, Casanovas enfrenta dos frentes penales, uno en Santa Fe y otro en Salta. En la primera jurisdicción, el fiscal Miguel Moreno lo imputó por estafa y administración fraudulenta, con un perjuicio a los clientes de su grupo empresarial estimado en 4 millones de dólares. En Salta, la fiscal penal María Celeste García Pisacic lo imputó provisionalmente, junto con su esposa Samanta Bravo, por retención indebida, libramiento de cheques sin fondos y desbaratamiento de derechos acordados, relacionados con actividades comerciales de granos que afectaron a productores agropecuarios en el departamento Anta. Ambas investigaciones avanzan en paralelo en sus respectivas jurisdicciones.
