El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen «los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas» a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exsubdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los exfuncionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que «aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018″ de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens (DNI 33.079.949).
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó al expresidente Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina00 Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.
«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas» por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
