El Gobierno nacional negocia modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que los funcionarios públicos puedan acceder a algunos de los principales beneficios del régimen, una condición que surgió durante las conversaciones con diputados de bloques aliados para avanzar con la iniciativa.
La propuesta contempla que los funcionarios puedan utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero que queden afuera de las presunciones y efectos liberatorios previstos por el proyecto.
La intención oficial es establecer una diferencia entre el tratamiento que recibirán los contribuyentes en general y quienes ejerzan o hayan ejercido determinadas funciones públicas. El cambio busca destrabar el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita reunir apoyos para conseguir dictamen.
El proyecto original no contemplaba una exclusión específica para los funcionarios públicos. El tema tomó mayor relevancia tras el escándalo que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada, una situación que generó nuevos cuestionamientos y sospechas.
Las modificaciones son analizadas en el marco del debate en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, y forman parte de las negociaciones que el Gobierno mantiene con sectores aliados.
Uno de los puntos que también aparece en la discusión es la situación de los funcionarios que hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años. La propuesta apunta a establecer restricciones específicas para ese grupo, de manera que no puedan utilizar determinados mecanismos del régimen para justificar o exteriorizar fondos que no hubieran sido declarados previamente.
El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.
Sin embargo, el tratamiento legislativo quedó sujeto a las modificaciones que se negocian con los bloques dialoguistas, entre ellas la exclusión de los funcionarios de los beneficios más sensibles de la iniciativa.
En paralelo, el oficialismo también trabaja sobre otros aspectos del proyecto para conseguir consenso parlamentario. Entre los cambios analizados aparece la revisión de las condiciones de acceso al régimen y de los mecanismos que permitirían regularizar diferencias detectadas por ARCA, en una negociación que continuará antes de que la iniciativa llegue al recinto.
