Las edilas dieron despacho a dos proyectos debatidos, mientras que uno fue proveído a su respectiva comisión.
La Comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos se reunió en su habitual horario de los lunes a las 14 horas, en el anexo “Alfredo Palacios” del Concejo Municipal.
Dos proyectos lograron despacho. El primero de ellos fue presentado por la edila Mónica Ferrero del Bloque Socialista y solicita al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que informe respecto de la implementación de los programas previstos en la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
Los puntos a informar incluyen: Líneas programáticas vigentes desde el 2019 a la fecha y motivos en caso de suspensión; Universo de personas beneficiarias de los programas radicadas en la ciudad de Rosario desde el 2019 a la fecha; Resultados esperados y alcanzados en cada una de las líneas programáticas desde el 2019 a la fecha; y Recursos materiales, físicos, humanos, económicos destinados a la implementación de las líneas programáticas desde el 2019 a la fecha.
En segundo lugar, logró despacho el proyecto de Luz Ferradas, Ciudad Futura, que plantea la creación del programa “Se cómo me llamo” que estará a cargo del Museo de la Memoria de Rosario dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.
El Objetivo del programa “Se cómo me llamo” tendrá como objetivo brindar asesoramiento, información, asistencia y acompañamiento a las personas que deseen realizar los trámites correspondientes al cambio de apellido, buscando hacer valer el derecho al nombre como integrante del derecho a la identidad de cada rosarino/a/e.
Por otra parte, un proyecto de la ex edila Alejandra Gómez Sáenz fue proveído a la Comisión de Gobierno. Plantea la creación del Servicio Municipal de Acompañamiento Pos Penitenciario, el cual tendrá como objetivo promover las políticas necesarias para la inserción social de aquellas personas con condena cumplida y que se radiquen en la ciudad de Rosario.
El programa tendrá como funciones la recepción y admisión de las personas que se inscriban en el servicio y la evaluación de las principales necesidades e intereses de quienes accedan; la elaboración de un plan de acompañamiento que contemple sus propias realidades, tanto individuales como familiares; y el monitoreo de la efectividad de las estrategias llevadas adelante y de los acompañamientos como mínimo hasta proporcionar que las personas que accedan al servicio se hayan estabilizado las principales problemáticas, se puedan garantizar las necesidades básicas y se constate la vinculación a la red comunitaria.
Además, se recibió en audiencia a Lucía Cardella, miembro de Animalistas de Rosario; y la abogada Angélica Miotti, activista que asesoró a víctimas de amenazas por parte de galgueros.
“Queremos hacer público el miedo que tenemos. Vivimos con miedo, sobre todo mujeres que viven en pueblo, que rescatan animales y además son feministas, son caras visibles, por ellas tienen mucho miedo, por sus pertenencias, sus familias. Estamos amenazadas todo el tiempo, con una impunidad que les hemos regalado, y más ahora que se ha institucionalizado gracias a una administración de justicia de Santa Fe que valdría la pena poner en tela de juicio” expresó Miotti.
Este grupo de mujeres proporcionó a las edilas una carpeta con capturas de pantallas y material investigado de numerosas amenazas sufridas por miembros de las asociaciones, que muchas veces son perpetradas en redes sociales bajo perfiles apócrifos y nombres falsos.
“Las causas animales tienen mucho que ver con las causas humanas, el maltrato y la explotación animal dejan al desnudo un montón de causas injustas a nivel social y humano. Empezar a conectar sería de una innovación política muy grande” amplió Miotti.
“En lo personal y en representación de las otras chicas, tenemos miedo. Así y todo, no significa que lo vamos a dejar de hacer y denunciar” concluyó la abogada.
En segunda instancia, asistieron a las comisiones Luis Ruiz, y Luciana Pereyra, representantes de escuelas de conductores de la ciudad. Cabe destacar que Ruis participa habitualmente del Observatorio de Seguridad Vial en los debates de educación y prevención.
El pedido de las escuelas de conductores radica en que la actual ordenanza regula que la antigüedad máxima que deben tener los vehículos no puede superar los 10 años.
“Un auto viejo enseña más que uno nuevo. En uno nuevo los cambios entran muy fácil, pero en uno viejo se debe ver como se mete un cambio” expresó Ruiz.
Pereyra explicó que actualmente Rosario cuenta con 30 escuelas de manejo, y que cada una debe tener al menos 2 autos habilitados.
Otro de los puntos solicitados por Pereyra para ser cambiados es el de un control que deben realizar dos veces al año, y que actualmente no cuenta con la totalidad de máquinas funcionando, por lo que el chequeo no termina cubriendo todos los puntos necesarios por falta de maquinaria requerida.
Además, entre los 4 puntos obligatorios que deben presentar los conductores, se requiere tener actualizada una matrícula que vence cada 2 años, y su costo es muy elevado.
Pereyra, quien representa a las escuelas de conductores, concluye con que una extensión de dichas licencias facilitaría la tarea de estos establecimientos.
La presidenta Norma López enfatizó en la posibilidad de reveer estos reclamos en la próxima edición del Observatorio de Seguridad Vial, para ser analizados y debatidos con representantes de diferentes instituciones estatales y civiles.
La Comisión contó con la presencia de Norma López, Frente de Todos PJ; Valeria Schvartz, Volver a Rosario; Susana Rueda, Rosario Progresista; Marina Magnani, Todos Somos Rosario; Caren Tepp y Luz Ferradas, Ciudad Futura.
