Referentes de México, Santa Fe y la región debatieron sobre los impactos de la violencia de género digital y los desafíos para construir políticas públicas de cuidado.
Las tecnologías digitales transformaron profundamente la comunicación y la vida pública, pero también dieron lugar a nuevas formas de violencia que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y jóvenes, con consecuencias concretas en distintos ámbitos de su vida. La Ley Olimpia en México y la reciente Ley Ema en Santa Fe marcan avances clave en el reconocimiento y abordaje de estas violencias.
La convocatoria reunió a autoridades municipales y provinciales, legisladores, docentes, estudiantes, activistas de derechos humanos y digitales, consolidando a Rosario como un nodo de debate urgente: cómo habitar el espacio virtual sin vulnerar derechos fundamentales ni tolerar la impunidad digital.
De la experiencia individual a la respuesta colectiva
A lo largo de la jornada, el debate giró en torno al puente necesario entre las experiencias de las víctimas, las luchas personales y familiares y la creación de marcos normativos efectivos. La confluencia entre la trayectoria internacional de la Ley Olimpia y el reciente logro legislativo de la Ley Ema permitió analizar no sólo la faz punitiva, sino principalmente la necesidad urgente de alfabetización digital, contención comunitaria y protocolos de actuación temprana en las escuelas y espacios formativos.
Las historias de Olimpia Coral Melo y Ema Bondaruk muestran cómo vivencias personales de violencia digital se transformaron en un motor de articulación social e institucional. A partir de la vulneración de derechos en entornos virtuales, familiares y activistas impulsaron una agenda que visibilizó esta problemática —que afecta principalmente a mujeres y jóvenes— y exigió herramientas estatales específicas de intervención y acompañamiento.
Frente a estas demandas, la legislación avanzó de manera concreta: la Ley Olimpia sentó un precedente al tipificar penalmente la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la Ley Ema promueve la prevención, la capacitación obligatoria y la aplicación de protocolos tempranos en las escuelas. Así, el trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado consolida políticas públicas enfocadas en garantizar entornos digitales seguros y proteger integralmente a la ciudadanía.
