Tras constatar contaminación en el arroyo provenientes de los desechos vertidos por las empresas ancladas en un polígono industrial de la zona, la fiscal extrapenal María Laura Martínez presentó una acción judicial contra las firmas para que inicien un plan de adecuación ambiental en el lugar.
La Fiscalía Extrapenal de la Segunda Circunscripción, a cargo de María Laura Martínez, inició una acción preventiva ambiental en favor del arroyo Saladillo y el área natural protegida de Villa Gobernador Gálvez. La demanda fue presentada contra las empresas ubicadas en el polígono industrial de Villa Gobernador Gálvez, cercano a la reserva natural por la contaminación que generan los desechos vertidos en el lugar.
La funcionaria solicitó que las firmas presenten a su costo un plan de adecuación ambiental con el monitoreo de la autoridad de aplicación provincial y, en el caso de no hacerlo, cesen con el vertido de sustancias contaminantes.
Además pidió la creación de un sistema de información público para que el ciudadano pueda conocer el estado actual de la contaminación de la reserva como así también todo lo concerniente al plan de recomposición del lugar y el cumplimiento de metas impuestas.
La fiscal se presentó en la reserva y pudo constatar los olores en el lugar. Según un informe la Secretaría de Salud y Ambiente de Villa Gobernador Gálvez de junio de este año, een uno de los afluentes que cruza la reserva sigue “la aparición de espuma blanca”.
Esta circuntancia ocurre en distintos días y franjas horarias y no solo se observan en un zanjón del lugar sino aguas arriba, en conductos que desembocan en el arroyo previo al puente y a la altura de la intersección de calles Buenos Aires y Roque Sáenz Peña.
