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Reunieron en Rosario sobre Ley de Alquileres 

La nueva ley de alquileres (27.551) que entró en vigencia el 1º de julio del 2020  luego de publicarse en el Boletín Oficial (el 30 de junio), tal como lo establece el artículo 23 no ha dado los resultados que se pretendía Y hoy se plantea desde distinto sectores que no se aplique más o que se reforme.  En el contecto que estamos hoy el 60% de salario de un trabajador va destinado al pago de la renta y proponen un tributo a la vivienda ociosa

Por este tema se reunieron en Rosario organizaciones sociales, funcionarios nacionales, Defensa del Consumidor Rosario, organizaciones de Defensa de Inquilinos/as y recibieron  a Liliana Schwindt, Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación, y Adrian Ganino, director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, con quien mantuvieron  una reunión en la que intercambiaron miradas sobre las dificultades en el Acceso a la Vivienda y la especulación de las corporaciones inmobiliarias que llevaron los precios de los alquileres por las nubes, con exigencias que imposibilitan cada vez más conseguir alquileres que puedan ser sostenidos por las familias rosarinas.

De esa reunión participaron Antonio Salinas, Titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario; Ariel D’Orazio, Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor; Emmanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos Rosario; Nire Roldán, dirigente del Frente Nacional de Inquilinos; Sebastián Artola, Integrante de la Federación de Inquilinos Nacional; y trabajadores/as de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario

Consultados sobre lo tratado expusieron: “ Es imprescindible buscar herramientas para frenar la avanzada especulativa sobre las propiedades. La Ley que fue impulsada por las organizaciones de defensa de inquilinos/as, ha sido totalmente desvirtuada por quienes siempre se han opuesto al acceso de trabajadores a viviendas dignas. En este contexto, nos preocupa que sólo se analice la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley de Alquileres, una legislación que llevó años de debate y que suspenderla sin generar otras medidas de protección para los contratos vigentes y futuros pone aún más en riesgo los derechos de los sectores más vulnerables en el eslabón de la cadena de propiedad privada: inquilinos y dueños de una propiedad, no los que concentran el mercado. Los gobiernos municipal y provincial deben involucrarse en el mercado inmobiliario para regular las políticas de acceso a la vivienda y no dejar a la deriva a la ciudadanía”

La reforma de la ley por parte del oficialismo

La iniciativa presentada por Gioja incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario privado.

El proyecto también ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar a los inmuebles vacíos, que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.

Otro punto del proyecto es un beneficio para los monotributistas: los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores a las personas inscriptas en el régimen simplificado y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a los empleados en relación de dependencia.