ATE Rosario, académicos y agrupaciones feministas repudian el despido de Natalia Cachiarelli a la planta permanente donde había ingresado por concurso en 2015.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, académicos y agrupaciones feministas piden la reincorporación a la planta permanente de la provincia y como agente de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la psicóloga Natalia Cachiarelli, de 36 años, cuyos derechos laborales consideran “vulnerados”.
Cachiarelli había denunciado hace seis años el abuso de cinco menores por parte de dos adultos de un mismo núcleo familiar. Luego también denunció “falta de protección” de su persona por parte de la repartición oficial, además de múltiples irregularidades protagonizadas por funcionarias en relación con el caso.
En un documento dirigido al gobernador Omar Perotti que acompañó el apoderado de la profesional cesante, múltiples voces pidieron que se deje sin efecto el despido y se reintegre a Cachiarelli a sus funciones.
Cachiarelli, cumpliendo su rol de auxiliar profesional en el Centro de Acción Familiar (CAF) Nº18, había intervenido desde el año 2017 en un caso donde se vislumbraba una posible situación de violencia y abuso sexual en perjuicio de cinco niñas -tres hermanitas y dos primas, de entre 5 y 12 años- pertenecientes a un mismo hogar del barrio Abasto. Un núcleo familiar amplio, con una madre con retraso madurativo, un padrastro de las tres nenas con antecedentes de abusos y robo calificado, ambos analfabetos y, además, un tío de estas chiquitas y progenitor de dos más.
A raíz de esa participación, la psicóloga recibió varias amenazas (mensajes intimidantes por parte de un familiar) y fue entonces que denunció “falta de protección” por parte de las autoridades del CAF y de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de aquel momento, que encabezaba Andrea Travaini.
“Es que se brindó la identidad de Cachiarelli al grupo familiar en cuestión, incluso a quienes se confirmaron como abusadores de las niñas”, expresó en el reclamo el abogado Adrián Cornaglia al referirse a los dos adultos, condenados por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores que aún están cumpliendo la pena.
Mientras todo esto pasaba, en Santa Fe asesinaban a 15 puñaladas a la salida de la escuela y con los alumnos a la vista a la docente Vanesa Castillo por apoyar la denuncia de abuso sexual de una alumna embarazada, caso que amedrentó mucho más a Cachiarelli.
“Pedí traslado, pero el Ejecutivo nunca me respondió, me obligaban ir a trabajar con la gente que había ventilado que yo había trabajado con las menores y sus testimonios. Me decían ‘acá o nada’ y tuve que pedir licencia psiquiátrica”, contó Cachiarelli a este diario.
Según se detalla en el escrito, “no conforme” con la desprotección de la profesional, a quien hasta se le propuso un careo con el victimario (al que ella se negó), no se la removió a otra área de trabajo como pidió en más de una oportunidad.
“La negativa ante los insistentes y justificados pedidos de traslado fuera de la ciudad de Santa Fe la obligaron a iniciar una acción judicial”, dijo el abogado en diálogo con La Capital al referirse a la causa caratulada “Cachiarelli Natalias/Medida Autosatisfactiva”, tramitada por ante el Juzgado de 1ra. Inst. Laboral de la 3ra. Nominación de la ciudad de Santa Fe.
“A todo esto hay que agregar que Cachiarelli durante todo momento insistió para que se le otorgaran tareas en un lugar adecuado, sin recibir respuesta, y recién en principios de 2021 fue afectada a la Secretaria de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial en Rosario”.
Allí cumplió funciones de coordinación del equipo de segundo nivel y estuvo en el armado del Programa de Femicidios de la provincia, hasta el momento de ser cesanteada del Ministerio de Genero, Igualdad y Diversidad.
Finalmente, el abogado dijo que la provincia se dio el lujo de “dejar cesante a una trabajadora que cumplió en todo momento con sus tareas en forma correcta, desatendiéndose de la gravedad de las amenazas recibidas como consecuencia directa del cumplimiento de sus funciones y sin que hayan tomado medidas de protección oportunas y adecuadas”.
Y desde los sectores feministas agregaron que es “inadmisible” que en este momento de “crisis económica” se deje “en la calle” a una mujer trabajadora que “actuó profesionalmente como debía”.
Fuente: Laura Vilche, Diario La Capital
